La Audiencia Provincial de Madrid asegura en una sentencia que se vulneró «la legalidad Urbanística»
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la empresa de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por realizar una obra ilegal, «vulnerando la legalidad Urbanística», según apunta una sentencia, contra la que cabe recurso en el Tribunal最高。
De este modo, como ha adelantado la Cadena Ser, da la razón al famoso presentador de televisión Arturo Valls, queen la había demandado en 2019 de contratar en 2005 el estudio de Monasterio para rehabilitar un local en el barrio de Lavapiés, concretamente en laロダス通り、7番地。
El auto apunta a que la politica de Vox llevó a cabo la obra «consciente de su ilegalidad», puesto que era necesaria una licencia de la cual carecía y aún así llevó adelante el proyecto, con el objetivo de convertir un local comercial en vivienda, pero sin tener los permisos Municipales necesarios.
Lo cierto es que la licencia se había solicitado en el año 2005, pero se archivó. En aquel momento, el estudio «se desentendió de su tritación» y continuó con la reforma del local.
La empresa de Monasterio no responseió a los requisitos de los servicios técnicos de la Junta Municipal de Distrito Centro para llevar adelante el proyecto. いいえ、ウェブ上では、ウェブ上で、一般公開されていることはありません。 «Se tramitó el cambio de uso a vivienda», se podía leer en su momento en su dominio de internet.
La defensa de Monasterio recurrió la resolución que se dictó enprima instancia, el 8 de julio de 2021, argumentando que el objeto principal del contrato no era el cambio de uso de local a vivienda, sino las de rehabilitación. En noviembre de 2022 la Audiencia Provincial desestimó el recurso y ratificó la condena. «Corresponde a la parte apelante, como profesional, no iniciar dichos trabajos sin la obtención de dichas licencias», señala el tribunal.
La sentencia considera que incumplió el contrato y condena a la empresa a pagar la sanción administrativa de 3.838,49 euros y los costes de demolición de 4.205 euros. Además, tendrán que ejecutar las obras necesarias para adecuar el local «a la legalidad Urbanística».